Sigue la polémica sobre lo que paso con la F1 en Valencia

Jorge Martínez Aspar confirmó este jueves ante la juez, buena parte de la tesis de la Fiscalía Anticorrupción. Aceptó que aunque formalmente fue su empresa, Valmor Sports, la que contrató con el magnate británico Bernie Ecclestone la celebración de las carreras en Valencia, cuando su compañía constituyó la negociación, ya parecia que la carrera en Valencia fue una ruina económica.

La Fiscalía confirmó que el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps, el otro imputado con Aspar en la causa por los supuestos delitos de malversación y prevaricación, fue quién pactó personalmente el Gran Premio y posteriormente interpuso a Valmor entre las sociedades de Ecclestone y la Administración autonómica para evitar aplicar las normas de contratación.

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Aspar, ex campeón mundial de motociclismo, ha declarado que a él le llamó José Luis Olivas para proponerle que se sumara al proyecto de Valmor, de la que pasó a ser socio y cabeza visible. A Camps se le acusa, entre otras cosas, de beneficiar a su amigo Aspar con inyecciones de dinero público que recibió la Fórmula 1.

El ex-piloto ha negado haber mantenido contactos con el ex-presidente (que está citado a declarar este viernes) y ha señalado como su contacto en la Generalitat al vicepresidente Vicente Rambla. El ex-jefe del Ejecutivo valenciano ha negado siempre las acusaciones. Por otro lado, Aspar reconoció lo que la oposición pasó años denunciando, y que la Generalitat ocultó durante cinco años: que ya en la primera edición se vio que las carreras estaban en números rojos.

También el imputado Aspar ha negado haber logrado obtener beneficios económicos en su participación en la Fórmula 1. Al contrario, manifestó que el negocio le supuso pérdidas de 400.000 euros por la inversión que hizo en Valmor. El escándalo por el gran premio de Europa en Valencia sigue en pie y han salido a la luz cada vez más detalles de los contratos y negociaciones por las competencias celebradas en Valencia.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene que Camps se valió de Valmor para sortear las normas que rigen la contratación de la Administración, a pesar de que en realidad era la Generalitat la que corría con los gastos de organización y negociación.